EL PERÚ MÁS ALLÁ DE LA CRISIS: CUANDO EL PROBLEMA ES SOCIOCULTURAL (por Nando Vaccaro)

 Por Nando Vaccaro Talledo - febrero, 2026.

Nota del autor: el presente texto ha sido elaborado como un ensayo crítico que complementa el trabajo titulado LA CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL EN EL PERÚ: UN EQUILIBRIO PERVERSO (enfoque teórico-interpretativo), desarrollado en el marco del curso Seminario de problemática educativa nacional, dirigido por el Dr. Héctor Castro, correspondiente al Doctorado en Educación que actualmente curso. Este nuevo ensayo busca profundizar el análisis de la realidad peruana, desplazando el foco desde las estructuras políticas e institucionales hacia las prácticas socioculturales que las sostienen, con el propósito de ampliar la reflexión sobre los desafíos y las posibilidades de intervención para una transformación social más justa y sostenible. Asimismo, se publica en este blog como un aporte al debate público, en coherencia con el espíritu de La palabra brota, espacio dedicado a la reflexión crítica y al diálogo entre educación, política y cultura.

¿Por qué continúa perpetuándose esta condición de desigualdad, corrupción e informalidad en el Perú? Porque, muy por el contrario de lo que se piensa, el sistema no es improvisado ni caótico: está diseñado para no alterar el status quo. Porque el Perú, para ciertas élites y grupos de poder, no es una patria ni un hogar común, sino una jungla que explotan y de la cual se sirven. Atienden su salud en el extranjero, se educan en las mejores universidades de EE. UU. y Europa, y vacacionan alrededor del mundo, descansando probablemente sin la conciencia propia de quien extraña y quiere lo mejor para su terruño.

El sistema no es caótico: funciona así

Los políticos actuales no son más que los rostros visibles de mafias o élites empresariales que tejen los hilos del Perú. ¿Por qué en otros países, con menos recursos y también con diversidad de estratos sociales, las “cosas” funcionan, y conviven el orden, el progreso y la formalidad? Porque los empresarios y las élites que dirigen esos países ya no miran hacia otro lado; entienden que también a ellos les conviene vivir en sociedades más ordenadas, con reglas claras y desarrollo sostenido.

Cuando el entorno enseña a corromper

En el Perú hemos llegado a un punto en el que, si una empresa extranjera viene con supuestas “buenas intenciones”, termina asimilando rápidamente el comportamiento del entorno, al enterarse de “cómo funcionan las cosas acá”, y se aprovecha de esa coyuntura.
Un ejemplo recurrente podría ser el de una empresa inmobiliaria que llega a un pueblo para construir viviendas sociales. A sus representantes no necesariamente les interesa el bienestar o el desarrollo de la población local, sino las ventas y las ganancias, como ocurre con la mayoría de organizaciones con fines de lucro. Al inicio, cumplen con todos los requisitos para operar e incluso pagan sueldos por encima de la media. Sin embargo, a medida que avanzan las obras, descubren que no es necesario tener al personal en planilla, que pueden —y deben— negociar con mafias de cupos en construcción, y que finalmente la autoridad local regulariza todos los procesos si recibe a cambio una “contribución”. Lamentablemente en el Perú, el sistema no expulsa estas prácticas: las enseña.

La corrupción como práctica transversal

También hemos llegado a un punto en el que la corrupción y la concentración del poder no solo son patrimonio de las élites, sino que la ambición por el dominio se ha extendido a distintos contextos y estratos. Piénsese en el caso de un médico, muy bien preparado, que llega a un hospital de provincia, sin contrato establecido, aplicando todos los meses con recibos por honorarios. Aunque su condición laboral es inestable, se desempeña profesionalmente con una fuerte convicción ética y vocación de servicio. En poco tiempo logra mejoras sustantivas en su área, como antes no había sido posible ni siquiera con médicos nombrados que llevan años en el nosocomio. Asume un mayor cargo hospitalario, y, con una nueva gestión, el joven médico es designado subdirector.

Desde ese cargo, comienza a proponer cambios positivos que nadie antes se había atrevido a impulsar: instala cámaras en áreas estratégicas para evitar que los médicos abandonen el hospital y atiendan, a sus mismos pacientes, en consultorios privados y durante el tiempo que les paga el Estado; implementa un reloj marcador para garantizar el cumplimiento de horarios; interviene el negociado del SUBCAFAE que lucraba con la alimentación de los pacientes; reemplaza a la jefatura del área de control interno, donde las quejas nunca eran atendidas; y fortalece la capacitación de los internos, comprometiendo a otros profesionales con una visión de un hospital —y un país— mejor. Estas medidas incomodan profundamente a los jefes de servicio y a quienes, durante años, hicieron lo que quisieron, cobrando sueldos estatales sin cumplir con su función. El desenlace es previsible: el director es destituido y, con él, el subdirector. En pocos días, se restablece el status quo anterior.

Reformar desde dentro: el límite del cambio institucional

En este punto recuerdo a Carlos Mangone, quien fuera mi docente de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, cuando afirmaba que “la realidad se cambia con un pie afuera y un pie adentro del sistema”. Con los dos pies afuera es casi imposible proponer reformas; con los dos pies adentro, se corre el riesgo de convertirse en parte del problema. En el caso del joven médico, los cambios se hicieron desde dentro y las mejoras fueron evidentes. Sin embargo, el sistema de corrupción está tan arraigado —como una metástasis— que las propuestas necesarias terminan disolviéndose y olvidándose. Este episodio no es una anomalía, sino una muestra de cómo las prácticas socioculturales normalizadas castigan cualquier intento de transformación institucional.

Educación y reproducción del orden

Hablamos constantemente de oportunidades y del rol central de la educación en el desarrollo del país —rol que sin duda tiene—. No obstante, este sector, lejos de constituirse en un frente de resistencia, ha sido utilizado por quienes, con el discurso de “venir desde abajo” o “ser del pueblo”, se han valido de las grietas del sistema para prostituir la educación. Un ejemplo evidente es el de los dueños de colegios y universidades que se benefician de exoneraciones tributarias al operar como instituciones sin fines de lucro, cuando en la práctica ese es precisamente su objetivo. Así, la educación, en lugar de convertirse en un motor de transformación cultural y un frente de resistencia, termina funcionando como un mecanismo de reproducción del mismo orden que dice combatir.

Despojo legalizado y desarrollo excluyente

Durante la denominada reforma agraria, se buscó una redistribución más equitativa de la tierra. La intención parecía justa; sin embargo, se ejecutó sin las condiciones sociales, técnicas y productivas necesarias. Hoy, muchos de quienes fueron beneficiarios terminaron vendiendo sus tierras y trabajan —paradoja dolorosa— en los mismos predios que antes les pertenecieron, ahora en manos de agroindustrias y agroexportadoras, recibiendo sueldos precarios y soportando jornadas extenuantes. Todo ello con la complicidad de las autoridades y el respaldo de una normatividad que los blinda. En este contexto, no puede obviarse la vigencia de la Ley Chlimper, que prioriza la rentabilidad empresarial sobre la estabilidad del trabajador. Una ley promovida por un personaje oscuro de la política peruana y avalada por una agrupación que, paradójicamente, sigue siendo una de las más votadas, especialmente en las regiones del norte del Perú. Como bien sugiere el sociólogo Héctor Castro, se requiere una reorientación hacia la agricultura familiar y una nueva reforma agraria, pero esta vez sobre bases sociales y técnicas sólidas.

La descentralización como botín

Los pueblos alejados de la capital clamaron durante décadas por descentralización y empoderamiento regional. Esta llegó con el nuevo siglo, pero, como suele decirse, la cura terminó siendo peor que la enfermedad. Muchos gobiernos regionales se convirtieron en verdaderos botines presupuestales, además de flagrantes ineficiencias. Hoy no solo somos traicionados por el gobierno central y las élites, sino también por nuestros propios paisanos, aquellos que recorren caseríos en campaña electoral, repartiendo dulces y abrazos con insidiosa hipocresía, para luego administrar recursos públicos como si fueran de su propiedad privada.

Los ejemplos son numerosos. En Piura, la llamada “obra del bicentenario”, presentada con bombos y platillos como una muestra de alta ingeniería y con una inversión millonaria, terminó resquebrajándose y desmoronándose, como tantas obras regionales y municipales. Otro caso emblemático es el PEIHAP (Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura), señalado reiteradamente como la “caja chica” de los gobiernos regionales. Con más de treinta años de retrasos, inversiones desperdiciadas, mala gestión y corrupción, el proyecto no registra avances significativos, pese a su importancia estratégica. El problema no es, entonces, la falta de agua ni una supuesta escasez hídrica, como suelen desinformar —y al mismo tiempo pretenden imponer desde un discurso tergiversado— algunos medios sostenidos por el poder, sino el abandono de las obras y el despilfarro sistemático de recursos.

Más allá de la crisis institucional

En definitiva, la problemática del Perú no radica únicamente en su crisis política e institucional, sino —y, sobre todo— en el envilecimiento de ciertas prácticas socioculturales. Nos quejamos de la desigualdad, pero consciente o inconscientemente seguimos avalando costumbres heredadas del colonialismo, como aprovecharnos de las circunstancias para beneficio propio, la famosa “ley del más vivo”, sin reparar en el daño colectivo. Olvidamos que estas prácticas afectan a nuestras familias y afectarán a nuestra descendencia, del mismo modo en que los colonizadores explotaban territorios en los que vivían, pero que nunca sintieron como propios.

Por ello, como afirmaba Gandhi, “la educación es el camino”. Pero no una educación tradicional, jerárquica y meramente instrumental —de regla y pizarrón; aquella que exige fuentes recientes del último lustro y desdeña las mentes luminosas que nos alumbran desde hace siglos—, sino una educación que nos permita reflexionar críticamente sobre nuestra forma de actuar. El reto es muy claro: no habrá transformación política ni institucional duradera sin una revisión profunda de nuestras prácticas socioculturales cotidianas y sin asumir responsabilidad sobre ellas; lo que implica, además, el ejercicio de una memoria activa que nos prevenga de elegir y decidir desde los mismos lamentos del pasado. Porque si el problema del Perú no es solo un sistema político fallido, sino una cultura que lo tolera y lo reproduce, la pregunta final no es únicamente qué reformas necesita el Estado, sino cuánto estamos dispuestos a cambiar nosotros para que esas reformas sean realmente posibles.