Por Nando Vaccaro Talledo - febrero, 2026.
Nota del autor: el presente texto ha sido elaborado como un ensayo crítico
que complementa el trabajo titulado LA CRISIS POLÍTICA E INSTITUCIONAL EN EL
PERÚ: UN EQUILIBRIO PERVERSO
(enfoque teórico-interpretativo), desarrollado en el marco del curso
Seminario de problemática educativa nacional, dirigido por el Dr. Héctor
Castro, correspondiente al Doctorado en Educación que actualmente curso. Este
nuevo ensayo busca profundizar el análisis de la realidad peruana, desplazando
el foco desde las estructuras políticas e institucionales hacia las prácticas
socioculturales que las sostienen, con el propósito de ampliar la reflexión
sobre los desafíos y las posibilidades de intervención para una transformación
social más justa y sostenible. Asimismo, se publica en este blog como un aporte
al debate público, en coherencia con el espíritu de La palabra brota, espacio
dedicado a la reflexión crítica y al diálogo entre educación, política y
cultura.
El sistema no es caótico:
funciona así
Los políticos actuales no son más
que los rostros visibles de mafias o élites empresariales que tejen los hilos
del Perú. ¿Por qué en otros países, con menos recursos y también con diversidad
de estratos sociales, las “cosas” funcionan, y conviven el orden, el progreso y
la formalidad? Porque los empresarios y las élites que dirigen esos países ya
no miran hacia otro lado; entienden que también a ellos les conviene vivir en
sociedades más ordenadas, con reglas claras y desarrollo sostenido.
Cuando el entorno enseña a
corromper
En el Perú hemos llegado a un
punto en el que, si una empresa extranjera viene con supuestas “buenas
intenciones”, termina asimilando rápidamente el comportamiento del entorno, al
enterarse de “cómo funcionan las cosas acá”, y se aprovecha de esa coyuntura.
Un ejemplo recurrente podría ser el de una empresa inmobiliaria que llega a un
pueblo para construir viviendas sociales. A sus representantes no
necesariamente les interesa el bienestar o el desarrollo de la población local,
sino las ventas y las ganancias, como ocurre con la mayoría de organizaciones
con fines de lucro. Al inicio, cumplen con todos los requisitos para operar e
incluso pagan sueldos por encima de la media. Sin embargo, a medida que avanzan
las obras, descubren que no es necesario tener al personal en planilla, que
pueden —y deben— negociar con mafias de cupos en construcción, y que finalmente
la autoridad local regulariza todos los procesos si recibe a cambio una
“contribución”. Lamentablemente en el Perú, el sistema no expulsa estas prácticas:
las enseña.
La corrupción como práctica
transversal
También hemos llegado a un punto
en el que la corrupción y la concentración del poder no solo son patrimonio de
las élites, sino que la ambición por el dominio se ha extendido a distintos
contextos y estratos. Piénsese en el caso de un médico, muy bien preparado, que
llega a un hospital de provincia, sin contrato establecido, aplicando todos los
meses con recibos por honorarios. Aunque su condición laboral es inestable, se
desempeña profesionalmente con una fuerte convicción ética y vocación de
servicio. En poco tiempo logra mejoras sustantivas en su área, como antes no
había sido posible ni siquiera con médicos nombrados que llevan años en el
nosocomio. Asume un mayor cargo hospitalario, y, con una nueva gestión, el
joven médico es designado subdirector.
Desde ese cargo, comienza a
proponer cambios positivos que nadie antes se había atrevido a impulsar:
instala cámaras en áreas estratégicas para evitar que los médicos abandonen el
hospital y atiendan, a sus mismos pacientes, en consultorios privados y durante
el tiempo que les paga el Estado; implementa un reloj marcador para garantizar
el cumplimiento de horarios; interviene el negociado del SUBCAFAE que lucraba
con la alimentación de los pacientes; reemplaza a la jefatura del área de
control interno, donde las quejas nunca eran atendidas; y fortalece la
capacitación de los internos, comprometiendo a otros profesionales con una
visión de un hospital —y un país— mejor. Estas medidas incomodan profundamente
a los jefes de servicio y a quienes, durante años, hicieron lo que quisieron,
cobrando sueldos estatales sin cumplir con su función. El desenlace es
previsible: el director es destituido y, con él, el subdirector. En pocos días,
se restablece el status quo anterior.
Reformar desde dentro: el
límite del cambio institucional
En este punto recuerdo a Carlos
Mangone, quien fuera mi docente de Teoría de la Comunicación en la Universidad
de Buenos Aires, cuando afirmaba que “la realidad se cambia con un pie afuera y
un pie adentro del sistema”. Con los dos pies afuera es casi imposible proponer
reformas; con los dos pies adentro, se corre el riesgo de convertirse en parte
del problema. En el caso del joven médico, los cambios se hicieron desde dentro
y las mejoras fueron evidentes. Sin embargo, el sistema de corrupción está tan
arraigado —como una metástasis— que las propuestas necesarias terminan
disolviéndose y olvidándose. Este episodio no es una anomalía, sino una muestra
de cómo las prácticas socioculturales normalizadas castigan cualquier intento
de transformación institucional.
Educación y reproducción del
orden
Hablamos constantemente de
oportunidades y del rol central de la educación en el desarrollo del país —rol
que sin duda tiene—. No obstante, este sector, lejos de constituirse en un
frente de resistencia, ha sido utilizado por quienes, con el discurso de “venir
desde abajo” o “ser del pueblo”, se han valido de las grietas del sistema para
prostituir la educación. Un ejemplo evidente es el de los dueños de colegios y
universidades que se benefician de exoneraciones tributarias al operar como
instituciones sin fines de lucro, cuando en la práctica ese es precisamente su
objetivo. Así, la educación, en lugar de convertirse en un motor de
transformación cultural y un frente de resistencia, termina funcionando como un
mecanismo de reproducción del mismo orden que dice combatir.
Despojo legalizado y
desarrollo excluyente
Durante la denominada reforma
agraria, se buscó una redistribución más equitativa de la tierra. La intención
parecía justa; sin embargo, se ejecutó sin las condiciones sociales, técnicas y
productivas necesarias. Hoy, muchos de quienes fueron beneficiarios terminaron
vendiendo sus tierras y trabajan —paradoja dolorosa— en los mismos predios que
antes les pertenecieron, ahora en manos de agroindustrias y agroexportadoras,
recibiendo sueldos precarios y soportando jornadas extenuantes. Todo ello con
la complicidad de las autoridades y el respaldo de una normatividad que los
blinda. En este contexto, no puede obviarse la vigencia de la Ley Chlimper, que
prioriza la rentabilidad empresarial sobre la estabilidad del trabajador. Una
ley promovida por un personaje oscuro de la política peruana y avalada por una
agrupación que, paradójicamente, sigue siendo una de las más votadas,
especialmente en las regiones del norte del Perú. Como bien sugiere el
sociólogo Héctor Castro, se requiere una reorientación hacia la agricultura
familiar y una nueva reforma agraria, pero esta vez sobre bases sociales y
técnicas sólidas.
La descentralización como
botín
Los pueblos alejados de la
capital clamaron durante décadas por descentralización y empoderamiento
regional. Esta llegó con el nuevo siglo, pero, como suele decirse, la cura
terminó siendo peor que la enfermedad. Muchos gobiernos regionales se
convirtieron en verdaderos botines presupuestales, además de flagrantes
ineficiencias. Hoy no solo somos traicionados por el gobierno central y las
élites, sino también por nuestros propios paisanos, aquellos que recorren
caseríos en campaña electoral, repartiendo dulces y abrazos con insidiosa hipocresía,
para luego administrar recursos públicos como si fueran de su propiedad
privada.
Los ejemplos son numerosos. En
Piura, la llamada “obra del bicentenario”, presentada con bombos y platillos como
una muestra de alta ingeniería y con una inversión millonaria, terminó
resquebrajándose y desmoronándose, como tantas obras regionales y municipales.
Otro caso emblemático es el PEIHAP (Proyecto Especial de Irrigación e
Hidroenergético del Alto Piura), señalado reiteradamente como la “caja chica”
de los gobiernos regionales. Con más de treinta años de retrasos, inversiones
desperdiciadas, mala gestión y corrupción, el proyecto no registra avances
significativos, pese a su importancia estratégica. El problema no es, entonces,
la falta de agua ni una supuesta escasez hídrica, como suelen desinformar —y
al mismo tiempo pretenden imponer desde un discurso tergiversado—
algunos medios sostenidos por el poder, sino el abandono de las obras y el
despilfarro sistemático de recursos.
Más allá de la crisis
institucional
En definitiva, la problemática
del Perú no radica únicamente en su crisis política e institucional, sino —y, sobre
todo— en el envilecimiento de ciertas prácticas socioculturales. Nos quejamos
de la desigualdad, pero consciente o inconscientemente seguimos avalando
costumbres heredadas del colonialismo, como aprovecharnos de las circunstancias
para beneficio propio, la famosa “ley del más vivo”, sin reparar en el daño
colectivo. Olvidamos que estas prácticas afectan a nuestras familias y
afectarán a nuestra descendencia, del mismo modo en que los colonizadores
explotaban territorios en los que vivían, pero que nunca sintieron como
propios.
Por ello, como afirmaba Gandhi,
“la educación es el camino”. Pero no una educación tradicional, jerárquica y
meramente instrumental —de regla y pizarrón; aquella que exige fuentes
recientes del último lustro y desdeña las mentes luminosas que nos alumbran
desde hace siglos—, sino una educación que nos permita reflexionar críticamente
sobre nuestra forma de actuar. El reto es muy claro: no habrá transformación
política ni institucional duradera sin una revisión profunda de nuestras
prácticas socioculturales cotidianas y sin asumir responsabilidad sobre ellas;
lo que implica, además, el ejercicio de una memoria activa que nos prevenga de
elegir y decidir desde los mismos lamentos del pasado. Porque si el problema
del Perú no es solo un sistema político fallido, sino una cultura que lo tolera
y lo reproduce, la pregunta final no es únicamente qué reformas necesita el
Estado, sino cuánto estamos dispuestos a cambiar nosotros para que esas
reformas sean realmente posibles.
























